El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra niñas y adolescentes, nos invita a reflexionar sobre el papel transformador que la educación puede y debe desempeñar para enfrentar esta problemática. La violencia contra las niñas es una de las vulneraciones de derechos humanos más extendidas y normalizadas en el mundo. Según ONU Mujeres (2024), casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, y en 2023 se estimó que cada 10 minutos una mujer fue asesinada por alguien cercano a ella.

En Chile, las cifras de violencia contra niñas, niños y adolescentes reflejan una realidad preocupante. Según la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), el 62,5% de los niños y niñas entre 5 y 12 años ha sido víctima de algún método violento de disciplina por parte de sus cuidadores principales. Por otro lado, un estudio de la Fundación Amparo y Justicia reportó más de 40 mil denuncias por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en el año 2023. Además, la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (2023), realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestra un aumento en los niveles de maltrato por parte de cuidadores y pares, así como en victimizaciones sexuales, en comparación con 2017.

¿Cómo puede la escuela contribuir a erradicar la violencia de género y convertirse en un espacio seguro para niñas y adolescentes?

La escuela, además de ser un lugar para el aprendizaje académico, es un entorno donde se forjan valores, relaciones y comportamientos. Su capacidad para abordar y transformar las dinámicas relacionadas con la violencia en general, y de género en particular, radica en su compromiso con tres dimensiones fundamentales: promoción, prevención y formación.

En el ámbito de la promoción, las escuelas pueden incluir en los planes de estudio contenidos que cuestionan estereotipos de género y promueven una convivencia inclusiva y respetuosa de las diferencias individuales. Además, las actividades escolares y los materiales educativos deben reflejar que todos, independientemente de su género, tienen las mismas capacidades y derechos.

En cuanto a la prevención, un punto de partida clave es contar sistemas de monitoreo que permitan detectar riesgos en el entorno escolar, así como en el hogar o lugar de residencia. Luego, las escuelas deben contar protocolos efectivos para identificar y gestionar casos de violencia. Un aspecto central para la efectividad es la claridad de la información contenida en estos protocolos y la existencia de flujogramas de actuación que faciliten su uso. Por último, es indispensable planificar instancias para que todos los docentes, asistentes de la educación y directivos conozcan y comprendan cabalmente estos protocolos.

Finalmente, la formación tiene un papel central en el empoderamiento de docentes y estudiantes como agentes de cambio. Los educadores deben recibir herramientas para desarticular, con sensibilidad y eficacia, dinámicas de violencia y fomentar una convivencia escolar inclusiva y respetuosa. Por su parte, los estudiantes deben desarrollar competencias que les permitan identificar, prevenir y denunciar situaciones de violencia, mientras se promueven relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo.

Sin embargo, el esfuerzo no puede recaer exclusivamente en las escuelas. La prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de género requieren un compromiso articulado entre las familias, las comunidades y las políticas públicas. La escuela trasciende su papel como espacio de aprendizaje académico; es el lugar donde se construyen las bases para una convivencia pacífica y respetuosa. Sin embargo, a menudo se le exige demasiado, olvidando que la violencia, como problemática multidimensional, exige un trabajo colaborativo, interdisciplinario y sostenido en el tiempo, respaldado por políticas públicas de Estado y no solo de gobiernos. Transformar los entornos escolares en comunidades seguras, empáticas y libres de violencia de género requiere un compromiso colectivo que incluya la implementación de políticas nacionales y modelos locales que involucren activamente a maestros, estudiantes y familias.

Valoras UC